Nueva Ley del Suelo

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 10 de mayo la nueva Ley de Suelo. Según María Antonia Trujillo, Ministra de Vivienda, "la Ley abre horizontes mucho más despejados para las políticas de vivienda y suelo de nuestros Ayuntamientos y cierra el camino a las malas prácticas".

El proyecto de Ley de Suelo remitido por el Senado al Congreso de los Diputados ha sido aprobado con el apoyo de todas las fuerzas políticas de la Cámara, a excepción del Partido Popular.

El Presidente del Gobierno ha defendido el texto de la Ley de Suelo en las Cortes y ha subrayado que "esta Ley promueve un urbanismo cívico a la medida de todos los ciudadanos". El Presidente ha destacado también el espíritu de consenso que ha generado la tramitación de esta nueva Ley de Suelo, un consenso que ha reforzado los contenidos y los objetivos de la nueva Ley con el trabajo decidido y el esfuerzo colaborador de todas las fuerzas de la Cámara.

Los objetivos fundamentales de la Ley serán garantizar suelo para hacer vivienda protegida, hacer más sostenible el desarrollo territorial y urbano, fomentar la eficiencia de los mercados de suelo y combatir la especulación, aumentando la transparencia y la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones urbanísticas.

En esta Ley se regulan por primera vez los derechos y deberes de todos los ciudadanos y no sólo los de los propietarios del suelo; estableciéndose un verdadero estatuto básico de ciudadanía en relación con el suelo y el medio urbano y rural y recuperando la noción de ciudad como espacio colectivo en el que disfrutar y ejercer la ciudadanía. Por primera vez en la Ley estatal, se fija una reserva mínima del 30% del nuevo suelo residencial para vivienda protegida que contribuya a moderar los precios de la vivienda libre y facilite el acceso a quienes se ven excluidos de este mercado.

La Ley de Suelo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 de la Constitución Española, incrementa la participación de la comunidad en las plusvalías que se generan, estableciendo con carácter general un porcentaje mínimo de un 5% y máximo de un 15%, evitando además que la sociedad no reciba ninguna participación

Además la nueva Ley amplía la transparencia, la participación ciudadana y los controles de legalidad sobre el urbanismo; entre otras medidas los planes y convenios se someterán a información pública antes de su aprobación. Los Ayuntamientos deberán publicar en la web los planes vigentes y tener copias disponibles para los ciudadanos.

Destaca la apuesta de la Ley por un desarrollo territorial y urbano más sostenible considerando el suelo como un recurso natural escaso y no renovable: el suelo urbanizable no será ya la clase residual; sólo se podrá urbanizar el suelo necesario e idóneo para hacer ciudad, obligando a la protección del resto. Las ciudades tendrán limitado su crecimiento. No se frena su desarrollo, pero se controla.

FUENTE : Boletín ecoconstrucción.net