En el año 2006, según la CNC, había más de un millón de profesionales colegiados, lo que supone el 6% del empleo total en España, el 30% de los ocupados universitarios y el 40% de los doctorados, lo que resalta su importante papel en la economía española.
Es curioso oír hablar ahora de prácticas anti-competitivas, cuando no se ha puesto freno a la ola de incompetencias, nulas competitividades, fusiones, absorciones, corrupciones y locuras protagonizadas en el pasado reciente, no precisamente por los colegios profesionales.
Justo ahora, en plena crisis, resulta además que la CNC encuentra “conductas profesionales prohibidas” en los “Colegios Profesionales” “en un alto porcentaje del total”, lo que es, cuando menos, incierto. Parece también muy exagerado decir que la inflación se produce por “reservas de actividad” o por la “asociación automática de profesión titulada con Colegio Profesional”.
Con la misma diligencia habría que aclarar a la opinión pública, sobre qué total y en qué medida tienen que ver los profesionales con las dificultades a la “competencia efectiva de los mercados” y en qué medida lo que hacen es garantizar derechos y garantías de los usuarios. O, por ejemplo, cómo se va a asegurar que la Administración controle la ordenación de las profesiones, cuando no controla ni la práctica local de las escalas e instancias administrativas y políticas, causa de restricciones flagrantes a la competencia y a la ley, …lo que viene avalado por miles de sentencias judiciales.
Los profesionales estamos en condiciones de garantizar derechos, reducir costes y abaratar precios, porque damos y podemos dar nuevos servicios, la calidad exigida por el Código Técnico de la Edificación, la Directiva de Contratación Verde, las Directivas de Reconocimiento Cualificación y Servicios de la Unión Europea, la Licencia Municipal Digital, la Ventanilla Única y la responsabilidad civil. Todas ellas requeridas por un Estado social y de derecho, garantista para los ciudadanos, colaborando con el Gobierno, la FEMP, las Oficinas de Consumidores y Usuarios, la Justicia y las Comunidades Autónomas.
El informe de la CNC que promueve en el peor momento la desregulación -de forma torpe y peyorativa- ignora que las profesiones reguladas, como los arquitectos, estamos en la primera línea del cambio, en el CTE, Ley del Ruido, Ley de Residuos, Certificación Energética de Edificios, Rehabilitación, RITE, Sociedades, Normas de Calidad etc…
Estas actuaciones de la CNC cambian el discurso de respeto hacia las profesiones, ratificado en julio por el Ministerio de Economía y Hacienda, e ignoran las consecuencias de promover en tiempos de turbulencia financiera y económica medidas innecesarias frente a la autorregulación de la sociedad civil.
Algunos sectores del Gobierno -sobre todo en un panorama de reglamentación de calidad acelerada, por un lado de la Administración, y de desregulación irresponsable, por otro- deben meditar sobre nuestro papel para ayudar a salir de la crisis del sector como vertebradores de la sociedad del conocimiento, en lugar de desarticular el modelo de los Colegios Profesionales, en lugar de ceder a la tentación del acoso para “romper” y “quebrar” el papel entre profesión y título y entre profesión titulada y Colegio Profesional – en el lenguaje de la CNC –. Carlos Hernández Pezzi. Presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.